Tras la culminación del Operativo Joapy,  que derivó en la extracción y expulsión de 25 brasileños que guardaban reclusión en el país y eran considerados de alta peligrosidad por su vinculación a agrupaciones criminales, autoridades del Gobierno del Paraguay brindaron detalles sobre su planificación y ejecución.

   En la conferencia de prensa, desarrollada en Mburuvicha Róga en la tarde de ayer, participaron autoridades del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Consejo de Defensa Nacional y Dirección Nacional de Migraciones.

   El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, declaró:

“Este gobierno está determinado a sanear de una buena vez al sistema penitenciario en el entendimiento de que todo lo que se gesta dentro del sistema repercute en la ciudadanía. Aquí se llegó a la comprensión de que es una cuestión de seguridad nacional abordar de manera integral el saneamiento del sistema penitenciario.”

   El director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, por su parte, explicó que el marco jurídico dentro del cual fue desarrollada la expulsión de los reclusos extranjeros corresponde a la Ley N° 6984/22 de Migraciones:

“La Ley 6984/2022 es una nueva ley que nos otorga la competencia de actuar bajo ciertas circunstancias y ciertas disposiciones que se han cumplido en este caso específico. Una de ellas es atentar contra la seguridad interna y participar en hechos punibles criminosos graves como el narcotráfico o la trata de personas, el terrorismo y otros que están establecidos en la ley, específicamente el Artículo 67, inciso 5°, da a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia de proceder a la expulsión de las personas que están comprendidas dentro de este articulado.”

   El titular de Migraciones destacó la coordinación a nivel nacional y el óptimo relacionamiento a nivel binacional en materia de seguridad como factor clave para el éxito del operativo:

“Hemos hecho un trabajo en conjunto, no solamente por parte del Gobierno Nacional, sino una cooperación a nivel internacional con la Policía Federal del Brasil, que es quien tiene competencia en el área migratoria en el vecino país. Ese trabajo en conjunto ha correspondido en hacer el sopeso de cual es la condena o cual es la expectativa de pena más elevada en relación a estas personas y se ha aplicado ese marco jurídico para que nosotros, desde Paraguay, podamos enviar a esas personas a través de la figura de la expulsión al vecino país donde hoy ya guardan reclusión para el cumplimiento de las condenas que tienen en el Brasil.”

   Finalmente, resaltó la trascendencia del operativo, que se constituyó en un procedimiento sin precedentes, siendo la expulsión simultánea más grande realizada por el Estado paraguayo en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

“Esta es una norma nueva que nos da a nosotros la entidad para actuar de esta manera y por eso, justamente, es un acto sin precedentes en nuestro país y ha sido fruto de una planificación y de una mancomunión de esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional, destacando la cooperación, una vez más, con la República Federativa del Brasil, a través de la Policía Federal”.

   La Dirección Nacional de Migraciones, en ejercicio de sus competencias, también dispuso la prohibición de reingreso al territorio nacional por 20 años de los extranjeros expulsados, de manera a evitar el retorno de los mismos ante alguna eventual disminución de condena por parte de la justicia brasileña.

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